Columna de Opinión
 

Ley de Promoción de Alimentación Saludable es más impuestos

Por Juan Carlos Zapata
 

Algunos diputados en estas últimas semanas se están yendo por agendar iniciativas que suenan muy bien ante la población, sin ningún análisis económico y social sobre el impacto que tendrán. Ahora es el turno de la iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, en la cual, en principio, nadie podría oponerse. Todos sabemos los daños a la salud de ciertos ingredientes de algunos productos, que ya de por sí están en las etiquetas. Sin embargo, el tema con esta ley que adopta mucho de lo que se ha hecho en países más desarrollados como Chile o México es que en Guatemala se quiere ir más allá, poniendo impuestos, algo que no se hizo en dichos países.

Hay personas que han salido en la defensa de esta iniciativa por razones de salud, pero omiten intencionalmente el tema de los impuestos que se estarán cobrando. Es importante que todas las pequeñas y medianas empresas que se dedican a comercializar salsas, jaleas o cualquier alimento preenvasado sepan que ahora tendrán un impuesto adicional que puede ir del 10 al 35% del costo de producción o importación y que dicho costo no podrá ser cargado al consumidor final, con lo cual tendrán que simplemente asumir los costos o salir del mercado. Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social queda facultado para revisar dicha iniciativa cada cinco años y podrá incrementarlas hasta un máximo de 100% en cada período.

Sabemos que el Estado guatemalteco debe fomentar mayor salud, especialmente preventiva, y que este tipo de iniciativas que se han promovido en países más desarrollados han sido importantes, pero en muchos de ellos nunca se estableció un impuesto adicional. De hecho, lo que sabemos por la experiencia de México es que muchos productos ahora se venden en el mercado informal, sin ningún tipo de información nutricional, en bolsas plásticas, en la calle a granel, con sus respectivos problemas y daños a la salud, por no contar con ningún dato, ni siquiera de vencimiento.

Este tipo de iniciativas que se han implementado sin necesidad de impuestos en países como México y Chile deja algunas lagunas también en su redacción, ya que no se establece si la tasa deberá pagarse por autorización que se pida, por etiqueta que se imprima o por lotes, y el incumplimiento de la ley será sancionado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con multas que irán de los 20 a los 300 salarios mínimos y que podrán duplicarse en caso de reincidencia e incluso podrán llegar a la sanción de cancelación del registro sanitario.

A esto debemos sumarle las distorsiones económicas que diferentes cámaras nacionales e internacionales han expresado sobre el impacto económico y burocracia, desincentivando la producción en Guatemala, desincentivando inversiones y poniendo también en riesgo a las pequeñas empresas.

Por eso es tan importante que el Congreso de la República pueda regresar la iniciativa a una comisión donde se tomen en cuenta todos estos puntos de vista y que se comunique claramente que se estará poniendo más impuestos a personas que comercializan sus productos como su único medio de ingreso y subsistencia y que este tipo de iniciativas atentan contra la libertad económica y la misma salud de las personas a las que les afectarán su ingreso.

Es importante que todas las cooperativas, organizaciones que apoyan a pequeñas y medianas empresas, así como autoridades indígenas y aquellas organizaciones de sociedad civil que trabajan con pequeños envasadores, conozcan a fondo los riesgos del dictamen de esta iniciativa, antes de que el Congreso la apruebe.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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