Columna de Opinión
 

Ley de Prodeco fomenta mayor corrupción

 

 

Por Juan Carlos Zapata
 

Con poco debate, sin estudios económicos y plagada de inconstitucionalidades, así como de artículos que le dan mayor discreción al funcionario público, fue aprobada en tercer debate la iniciativa 5082 Ley Marco para la Defensa y Protección al Consumidor, conocida como Prodeco (crea la Procuraduría para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario). Atrás quedaron las buenas intenciones de ciertos legisladores de luchar contra la corrupción, cuando se está por aprobar este tipo de iniciativas que seguramente pocos han leído.

Los medios de comunicación, comerciantes y empresas de servicio deberían estar alertas porque esta iniciativa les va a incrementar la burocracia y va a generarles incrementos sustanciales en sus costos de operación, que luego se verá reflejado en los aumentos de precio a la población y en mayor desigualdad, tanto que van a quebrar muchos comerciantes por la falta de seriedad con lo que la Junta Directiva del Congreso de la República está tratando este tema.

No es democrático ni transparente que una ley de 194 artículos la pasen a la ligera y sin discusión, dado que seguramente muchos diputados se fueron solo por el título y la aspiración de “buenas intenciones”, cuando en la práctica la ley no se había movido desde septiembre 2016 y ahora en dos semanas en febrero un grupo muy hábil logró aprobarla en segundo y tercer debate.

Ahora viene la aprobación por artículos y redacción final, va a ser clave que se le hagan enmiendas para que no se afecte a la población y los servicios del país, en caso contrario, muchas empresas tendrán que cerrar y habrá un aumento en los precios al consumidor.

Mejorar y aplicar principios para la defensa y protección al consumidor es importante, pero no a costa de las libertades individuales, civiles y mercantiles de la población. La referida ley genera regulaciones discrecionales o derechos tutelares en relaciones que no son de índole patrono-trabajador, creando registros específicos para consultores que se prestan a eliminar la competencia (algo que hemos visto solo fomenta la corrupción) y a querer orientar a la industria y al comercio, formando islas fuera de la institucionalidad del Estado, donde se le otorgan por potestad legal mandatos para acudir a los órganos jurisdiccionales y ejecutar sus resoluciones, así como representar a los usuarios de forma independiente.

Este tipo de normas casuísticas que revierten la carga de la prueba, que se aprobaron en el pasado de forma acelerada y sin ninguna discusión técnica nos han llevado a crear instituciones que al igual que la referida Prodeco, después serán más poderosas que el propio Organismo Ejecutivo, y se generan incentivos perversos de imponer sanciones y crear fondos privativos o bases de datos sobre denuncias que no han sido debidamente comprobadas.

Adicionalmente se crea una Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de las Resoluciones Administrativas y Judiciales con un poder totalitario para conocer casos de denuncias y su posterior seguimiento, sin hacer referencia a que deben ser únicamente los expedientes de denuncias y quejas por infracciones a la ley en particular que le traslade la dirección jurídica.

En resumen, una ley como estas requiere mayor discusión y debería regresar a la Comisión para su análisis respectivo. No es posible luchar contra la corrupción cuando por otro lado se crea una ley con un ámbito de aplicación que fomenta sanciones sin que sean siquiera comprobadas. Ojo con esta iniciativa que fomenta menos competencia, mayor burocracia y atenta directamente en contra de la libertad económica.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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