Columna de Opinión

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Ley General de Infraestructura Vial

 

 

 

Por Juan Carlos Zapata
 
En los últimos días hemos visto el resultado de no haber aprobado la Ley General de Infraestructura Vial en su momento en el 2018. Si lo hubiéramos hecho, más de 2,000 kilómetros de red vial estarían en mejores condiciones y se hubiera ya comenzado a tener contratos de reparación y mantenimiento, que hoy la legislación actual no permite directamente. Este tipo de errores políticos, por no querer cambiar un sistema que funciona solo para algunos diputados y alcaldes que montan sus propias empresas de construcción, es lo que tiene a Guatemala desconectada no solo en el área metropolitana, sino en las diferentes ciudades intermedias.

Cuando vemos las prioridades para el desarrollo del país en materia de crecimiento de empleos, exportaciones e inversiones, la infraestructura vial es uno de los componentes más importantes, según el estudio realizado por McKinsey para la iniciativa Guatemala No se Detiene.

Ahora bien, ¿por qué es tan importante aprobar esta iniciativa? Porque, así como ocurrió con el mercado eléctrico en los noventa, cuando se hicieron las reformas a la Ley de Electricidad, se cambiaron los mecanismos sobre los cuales se genera la inversión. Dentro de los beneficios de la ley se mencionan algunos a continuación: se contrata la operación de la red vial en estado óptimo, siendo responsabilidad del desarrollador el mantenimiento y reparación —este cambio de incentivo ayudaría en casos como el que tenemos ahora en Villa Nueva, por ejemplo—.

La ley también moderniza el derecho de vía, velando por la protección de los derechos constitucionales de propiedad, pero generando una declaratoria de utilidad pública, con base en estudios previos. Se reducen los riesgos de los proyectos, dando certeza jurídica a los contratos y beneficiando la capacidad del Estado a poder planificar de mejor manera, priorizando proyectos y con la posibilidad de contar con propuestas no solicitadas, que hace que los costos de prefactibilidad y factibilidad se paguen, solamente al ejecutarse el proyecto.

Un sistema planificado de red vial permite construir no solo proyectos rentables financieramente, sino también aquellos con alta rentabilidad social y es un modelo participativo que regula que hay una porción obligatoria del beneficio derivado de la operación que debe ir al Fondo de Inversión de Capital Social.

Esto, aunado a que se regulariza el uso del subsuelo para generar carreteras modernas con túneles de primer nivel. Todo esto beneficia al país porque se genera una institucionalidad más capaz, moderna y eficiente que se enfoca exclusivamente en la red vial, con un procedimiento claro sobre la declaración de utilidad pública y la adquisición certera del derecho de vía. Un nuevo modelo de contratación que permite la eficiencia y la competencia, atrayendo a las mejores empresas, tanto nacionales como internacionales, garantía de recursos y mayor certeza jurídica a los contratos de carreteras.

Estos beneficios que el mismo Fondo Monetario Internacional vio en la propuesta y que por eso recomendó que se aprobara la ley desde el 2019, hacen ver la necesidad del cambio de modelo, sobre un sistema ineficiente, burocrático y lento que hoy tenemos.
La iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, que está pendiente de tercer debate en el Congreso, podría ayudar a que en unos años ya no tengamos estas complicaciones y ataquemos los problemas de fondo que hoy tiene el sistema. Mientras no lo hagamos, seguiremos con los mismos paliativos de siempre de buscar reparar carreteras colapsadas con cada invierno que pasa.

 
 
 
 
 
 
 

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