Derechos de Propiedad
 
DERECHOS DE PROPIEDAD
 
 
 
 
El Índice Internacional sobre Derechos de Propiedad -IPRI- es un estudio comparativo acerca de la importancia que tiene la protección de los derechos de propiedad en el desarrollo económico de los países.
 
El índice de Derechos de propiedad consta de 10 factores clasificados en tres componentes: el entorno político y legal (LP), los derechos físicos de propiedad (PPR) y los derechos de propiedad intelectual (IPR). La escala general de calificación del Índice de derechos de propiedad es de 0 a 10, donde 10 es el valor más alto y 0 el valor más bajo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2021 se evaluaron 129 países. A nivel mundial, el país con puntuación más alta fue Suiza con un puntaje de 8.692 posicionándose en la posición número uno del ranking; y el peor evaluado fue Haití con un puntaje de 2.646 ubicado en la posición 129.  A nivel latinoamericano los países con la mejor puntuación fueron: Chile (6.589) seguido por Uruguay (6.222) y Costa Rica (6.091). Los peor evaluados aparte de Haití, son Venezuela (2.670) y Bolivia (3.711).
 
Guatemala obtuvo una puntuación de 4.712 y ocupó el puesto 95, que ha caído 24 posiciones en los últimos cinco años. En el componente del entorno político y legal, el país empeoró y obtuvo una puntuación de 3.443, en el subíndice de Derechos de Propiedad Física, Guatemala también empeoró, alcanzando un puntaje de 6.565, aunque alcanza la posición regional número 4; y en el componente de Derechos de Propiedad Intelectual, el país bajó a 4.129 puntos.
 
Los derechos de propiedad evidencian la importancia de la libertad individual y económica. Un sistema de derechos de propiedad fortalecido favorece el crecimiento económico, el desarrollo humano, la investigación, la innovación, el desempeño ambiental y la creación de capital social. Por lo tanto, para que Guatemala mejore su puntación en el índice es necesario que el país preste atención a la relevancia de garantizar estabilidad legal y política, asegurar la independencia judicial, impulsar la prevalencia de un Estado de Derecho y combatir la corrupción.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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