La semana pasada empezaron los foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios para el Desarrollo (Enade) 2023. Guatemala es un país de múltiples oportunidades para aumentar la inversión en infraestructura. Datos del Banco de Guatemala muestran que la inversión en infraestructura pública es apenas 1.6% del PIB, cuando países con retos importantes en urbanización, movilidad y conectividad como el nuestro deberían, por lo menos, invertir 6%. Esto significa que no solo se necesitan priorizar más recursos públicos a través de leyes específicas que permitan ampliar el número de proyectos que el Ministerio de Comunicaciones puede licitar, sino también hacer reformas institucionales para permitir más participación del sector privado, a través de Alianzas Público-Privadas que permitan modelos más innovadores como los contratos cReMa o pago por indicadores de servicios.

Esta forma de pensar en la infraestructura a través de nodos logísticos requiere de una combinación de carreteras, puentes, túneles, aceras, ciclovías, puertos, aeropuertos y trenes que fomenten la capacidad del país para mover la carga, reducir los tiempos y costos que toma llegar de una ciudad o un puerto a otro y generar más y mejores inversiones en el país. Esto no es ideológico, es una forma de pensar que requiere abrir la mente a que el Estado debe ser lo suficientemente fuerte para proteger los intereses de todos los ciudadanos, y generar la mayor competencia de mercado en el sector de transporte de bienes, servicios y personas.

Veamos el último ejemplo de la autopista Palín a Escuintla, el Gobierno tuvo la oportunidad de cobrar un peaje directamente de forma transitoria a través de un acuerdo ministerial y un convenio con el Crédito Hipotecario Nacional para mantener la calidad del servicio y subcontratar a una empresa para la operación y mantenimiento de la vía, y al final prefirió abrir el peaje, dejando un acuerdo ministerial que prohíbe la circulación de vehículos automotores iguales o mayores a seis ejes, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y un serio freno a la competitividad.

Este tipo de decisiones políticas que responden al populismo electoral y no a un análisis estratégico de qué es la mejor solución para una ruta tan importante es un ejemplo concreto del daño que hace el sistema actual de carreteras que tenemos, donde urge un cambio para fortalecer la capacidad del Estado y poder tomar mejores decisiones, a través de la aprobación de leyes importantes como la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial.

Dicho acuerdo debe ser derogado, no solo porque limita la competitividad, la competencia y la capacidad del sector de alimentos para poder ofrecer mejores precios a la población, sino porque es totalmente discrecional y carece de todo análisis técnico sobre mejores soluciones viales para uno de los corredores logísticos más importantes para el país. El gobierno de Guatemala ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar la inversión en carreteras, no solo aumentando el presupuesto, sino construyendo más kilómetros nuevos que cualquier otro gobierno, pasando a un promedio anual de 378 kilómetros nuevos en el país (especialmente en Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y San Marcos).

Sin embargo, esto no es suficiente si todas las carreteras nuevas están fuera de los corredores logísticos más importantes y lejos del departamento de Guatemala, que sostiene la productividad del país. Necesitamos pensar en corredores logísticos que permitan que la carga no tenga que atravesar el municipio de Guatemala y que ayuden al país a ser más competitivo.