Opinion
 

Urge la reforma a la Ley de Anadie

 

 

 

 

 

Por Juan Carlos Zapata
 

Según lo reportó Prensa Libre la semana pasada, con información proporcionada por la Superintendencia de Administración Tributaria, el parque vehicular creció 88.4% en los últimos diez años en todo el país, cerrando con más de 4.82 millones de vehículos. Si vemos el aumento de la red vial, en diez años apenas aumentó 13%. Esto no quiere decir que tenemos que aumentar más carriles para reducir el tráfico, pero definitivamente necesitamos más inversión en infraestructura, mecanismos que permitan sistemas multimodales para la movilidad en las ciudades y políticas que incentiven la vivienda cerca de los lugares donde la gente trabaja.

 

Ahora bien, si vemos cómo está la velocidad en Guatemala, según el último estudio presentado por el Fondo Monetario Internacional para América Latina, nuestro país es de los que tiene la menor velocidad para movilizar el transporte entre las principales ciudades, solo superando a Bolivia y Nicaragua, con una velocidad promedio de 53 kilómetros por hora, mientras que en Chile, el país con uno de los mejores sistemas de infraestructura, el transporte circula a 92 kilómetros por hora.

 

¿Por qué nos ha costado tanto invertir más en infraestructura y sistemas de transporte multimodal para mejorar la movilidad? No tenemos un sistema que incentive la inversión pública. Somos, de por sí, el país con la menor inversión pública en formación bruta de capital fijo, apenas 1.2% del PIB, y por si fuera poco, nuestra ley que regula las alianzas público-privadas, de la Agencia Nacional para el Desarrollo de Infraestructura Estratégica (Anadie), necesita serias reformas y no se ha logrado el consenso y la voluntad política para llevarlas al Congreso de la República.

 

Es urgente que el Estado guatemalteco tenga un mejor régimen para permitir alianzas público-privadas; para ello se debe eliminar la prohibición de poder hacer proyectos de agua, salud y educación, que claramente son urgentes para el desarrollo social, y quitar el procedimiento de que todos los proyectos tengan que ir al Congreso de la República. Mientras sigamos así, los proyectos se seguirán volviendo presa política, como pasó con la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que duró tres años su aprobación en el legislativo.

 

Las alianzas público-privadas, en otros países como Chile, Colombia, México, Ecuador, Perú, Panamá e incluso Honduras, han demostrado ser eficientes para mejorar la inversión no solo en infraestructura estratégica, como túneles, carreteras, puentes, puertos o aeropuertos, sino también para la inversión social y para la movilidad, invirtiendo en proyectos de sistemas integrados, que para el caso de Guatemala podría llevar a que se logre la inversión del Metroriel, un proyecto tan urgente en estos momentos para reducir el tráfico y acelerar la movilidad en el área metropolitana.

 

Esto, por supuesto, no quita la urgente necesidad de que el Estado guatemalteco invierta más en carreteras en el municipio de Guatemala y en el mismo departamento, que es el más productivo del país. Mientras que tenemos 1 metro de red vial por habitante a nivel nacional, en el departamento de Guatemala tenemos apenas 25 centímetros y en el municipio de Guatemala, 11 centímetros de red vial por habitante.

Así, por más que se quiera mejorar la movilidad aumentando el parque de buses, no será suficiente para la urgente necesidad de sistemas integrados, que requieren financiamiento público del Estado de una forma ética, eficiente y transparente. Esto solo se va a lograr a través de más alianzas público-privadas.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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