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En enero de 2015 tuve la oportunidad de conocer al general retirado John Kelly, quien en ese entonces era el jefe del Comando Sur. La visita esta semana, como secretario de Seguridad Nacional, reviste una gran importancia por el momento en que ocurre y las terribles decisiones que las cortes están tomando en contra de la inversión. Reconozco el trabajo positivo del presidente Jimmy Morales y los ministros de Economía y de Trabajo, al lanzar políticas congruentes, que ayudan a marcar un norte estratégico y el trabajo que están haciendo impulsando una agenda legislativa a favor de la generación de más oportunidades. Sin embargo, estos esfuerzos se vuelven insuficientes, con lo que está ocurriendo dentro de las cortes. Todos sabemos de los problemas con que fueron electos los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, una razón de peso para aprobar los cambios positivos de la Reforma Constitucional y eliminar ese sistema perverso de comisiones de postulación.

Cuando analizamos las resoluciones que se han hecho en contra de empresas hidroeléctricas y mineras, en donde claramente se está yendo en contra de los propios intereses de la Nación, al pretender reiniciar el proceso de consulta a pueblos indígenas, es importante esclarecer que muchas de estas empresas trabajaron junto al Estado procesos de consulta que no fueron tomados en cuenta. Ahora, de manera ilegal y arbitraria, les están siendo retiradas sus licencias de operación. Esta falta de certeza jurídica, que está afectando a las inversiones intensivas en capital que tienen inversiones en el área rural, mañana tendrá un impacto en el sistema financiero que ha servido para dar créditos a todas estas empresas. Y no solo esto, la falta de una reglamentación adecuada al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, le sirve a muchos grupos organizados para obtener recursos y poder lucrar a costa de la pobreza que persiste en Guatemala, que lejos de reducirse, se convertirá en extrema pobreza.

Es por ello, que si el objetivo de reducir la migración quiere alcanzarse, es importante no solo dejar de lado las nuevas ocurrencias de querer partirnos en varios sistemas de justicia a través de la Reforma Constitucional, sino además generar un proceso claro de reglamentación al Convenio 169 de la OIT y explicarle a los magistrados que sus decisiones nos van a costar millones de dólares a todos los guatemaltecos. Las empresas fácilmente ganarán los juicios en contra del Estado, por reparación de daños y perjuicios, ya que efectivamente obtuvieron una licencia para operar. El activismo en las cortes, destruirá la poca inversión y empleo que existe en el país.

@jczapata_s 

    

 

Lamento la forma en que se ha liderado el proceso de reformas constitucionales. Lejos de aprovechar el ímpetu ciudadano por fortalecer la justicia y luchar contra la corrupción, ha fomentado enfrentamientos innecesarios y divisiones en la ciudadanía guatemalteca. Me pregunto, ¿logramos algo positivo con ello? ¿estamos velando por la aprobación de reformas responsables? ¿mantenemos en mente el principio central de este esfuerzo, que era robustecer la justicia y luchar contra la corrupción? . 

 

Existen una serie de cambios que, desde cada sector, queremos introducir a nuestra Constitución. Cada quién velará por la urgencia de lo suyo. Sin embargo, nos comprometimos a un proceso de reformas enfocado, el cual fue desvirtuado en el camino. ¿Por qué cooptar un esfuerzo de fortalecimiento de justicia y de las instituciones jurídicas del país? ¿Por qué introducir otros temas que no fueron discutidos en las mesas de trabajo o no lograron un adecuado consenso? Ello arriesga la viabilidad del proyecto de reformas. ¿Quién asume la responsabilidad de esta oportunidad perdida para implementar las reformas específicas que sí fueron consensuadas en las mesas de diálogo? Ciertamente nos han llevado a un enfrentamiento innecesario. Quiero ser claro. No tengo nada más que admiración a las autoridades indígenas ancestrales, quienes han ejercido su rol ad honorem y siguiendo prácticas milenarias. No obstante, el texto propuesto de jurisdicción indígena, dejaba vacíos y más preguntas que respuestas sobre la forma y los cambios que sufriría el sistema de justicia indígena. Estoy muy consciente que la población aclama acceso a justicia pronta y cumplida, la cual hoy no llega a todos los rincones del país. No obstante, la aprobación irresponsable de reformas que carezcan de mecanismos de coordinación adecuados, que no contengan suficientes límites y que estén llenas de ambigüedades, sin duda alguna, debilitará todo nuestro sistema de justicia. Recordemos que el proyecto de reformas constitucionales surgió como respuesta a la demanda ciudadana por fortalecer el poder judicial y combatir la corrupción.

 

Las marchas masivas del 2015 son prueba que a los guatemaltecos nos une un mismo fin: la búsqueda de una nación justa y soberana. Sin embargo, el actual proceso evidencia que rápido caemos en algunos viejos hábitos del pasado, es por ello que debemos mantenernos muy enfocados en los temas que nos unen para ir construyendo confianza. Es lamentable que hayamos desperdiciando esta oportunidad y que hayamos desaprovechado la gran inercia ciudadana que respaldaba estas reformas. En ese sentido, es sumamente importante que reflexionemos sobre los errores del actual proceso y tomemos nota de las lecciones aprendidas. De momento, me tomé la tarea de remarcar las siguientes: (i) exigir un mayor diálogo en temas controversiales para eliminar ambiguedades, (ii) dejar de lado aquellos temas que no discutieron o en los que no se alcanzó un consenso, (iii) recibir insumos técnicos de juristas, (iv) incluir análisis de derecho comparado y experiencias en otros países y (v) corregir el proceso de modificaciones antojadizas y de último momento.  

 

Como país, no tenemos una hoja de ruta que defina un proyecto común para reconstruir nuestra nación y sacarla adelante. Nos urge crear un plan consensuado entre los distintos actores y sectores. Ciertamente el sector político vive una época de credibilidad erosionada, por lo que este reto no puede descansar solo en ellos. Debe de ser algo de todos y arranca por diseñar un proceso de diálogo incluyente. Dicho diálogo debe abordar temas difíciles, tales como la agenda fiscal, el fortalecimiento de nuestras instituciones y particularmente las de justicia, la meritocracia y la carrera en el servicio civil, los esquemas para fomentar el desarrollo en el interior del país, entre muchísimos otros.

 

Pero en lugar de ello, nos hemos dedicado a etiquetarnos unos con otros, desaprobar las preocupaciones y reflexiones de algunos y de dividir.  No podemos permitir una polarización mayor, nuestra Guatemala no aguantará más. Debemos sanar las heridas del pasado y abrir un diálogo nacional que nos ayude a consensuar un proyecto de país definido, el cual nos permita sobrepasar nuestras diferencias, reconciliarnos como nación y darnos la empatía suficiente para poder discutir temas difíciles y complicados. Espero que el Congreso se de la tarea de analizar profundamente cada uno de los artículos que el proyecto de reformas constitucionales propone, para así aprobar reformas responsables que fortalezca el sistema de justicia. De lo contrario, las consecuencias pueden ser nefastas y el único perdedor será Guatemala. Ojalá que no perdamos por completo la oportunidad de construir un mejor país y suscribir aquellas reformas que fortalezcan nuestra justicia y afiancen la lucha frontal contra la corrupción.

www.salvadorpaiz.com

 

@salva_paiz

  

 

 

En los últimos días ha subido de tono la polarización en el país por grupos que por razones políticas ajenas a lo que se solicitaba en las manifestaciones pacíficas durante el 2015, decidieron incluir el tema de jurisdicción de pueblos indígenas en la Constitución y ponerlo al mismo nivel que la Corte Suprema de Justicia. La redacción no oficial que ha circulado, debido a que lastimosamente los diputados no han hecho público el texto de enmiendas a dos días de que supuestamente se retome la discusión en el Congreso, ciertamente plantea más dudas que beneficios de lo que podría significar para Guatemala el reconocimiento de otras instituciones como el Registro de la Propiedad y de qué áreas del derecho la jurisdicción de pueblos indígenas podría conocer sobre derecho mercantil, civil, penal.

 

Otra de las preocupaciones que surge es ¿cuál sería el límite a los castigos de las autoridades en la jurisdicción de pueblos indígenas? Por ejemplo, sabemos que los azotes son comunes en algunas partes para crímenes como el robo. El texto de enmienda a la Reforma Constitucional menciona que las decisiones no pueden ser contrarias a los derechos humanos, ¿qué autoridades se van a atrever a cuestionar a otras autoridades de pueblos indígenas bajo la nueva Constitución, si hoy que podrían actuar penalmente sobre aquellos que infringen la ley aduciendo autoridad y azotando a un joven en una plaza, no se animan a hacerlo? Pero vamos más a fondo, supongamos que es cierto la teoría de algunos que en esos municipios hay menos homicidios porque allí las maras le temen a las autoridades de pueblos indígenas, quienes tienen un sistema comunal basado en la experiencia para otorgar castigos. ¿Por qué hay tantas violaciones a niñas en esos lugares, niñas que sus padres, tíos y familiares abusan de ellas desde temprana edad? ¿No sería correcto que antes de que estén al mismo nivel que la Corte Suprema de Justicia, conociéramos más sobre ello?

 

Que entendamos los límites y diferencias sobre decisiones respecto a las autoridades en Sololá, Totonicapán, Chichicastenango, Quiché, Palín y varias otras que existen. Recordemos que Guatemala es signataria de convenciones internacionales sobre derechos humanos, no podemos tener territorios donde sí se exija su cumplimiento y territorios donde no. Debemos conocer las ventajas que han logrado las autoridades indígenas e incluir las buenas prácticas a nuestro sistema de justicia, pero no pretendamos separar más al país. Mantengamos la unidad del sistema de justicia y recordemos el objetivo original que planteaba la Reforma Constitucional sobre fortalecer la independencia judicial. 


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