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Según el último estudio de opinión pública a mayo 2018 de CID Gallup S.A., el 78 por ciento de la población cree que Guatemala va por el rumbo equivocado. Esto debido a tres problemas principales que parecieran haberse quedado en el mismo nivel: la violencia —23 por ciento—, la corrupción —21 por ciento— y la falta de empleo —19 por ciento—.

Es de resaltar que la violencia era el principal problema de la ciudadanía, según la misma encuesta en el 2010. En ese entonces, el 60 por ciento de la población lo mencionaba como el factor que más les afectaba y esto hemos visto que se ha reducido. La criminalidad ha bajado, no solo en percepción, —la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo a la mitad de lo que teníamos en ese entonces—.

Ahora bien, ¿en qué acciones considero que el gobierno del presidente Jimmy Morales debe enfocarse? Lo primero es la economía. Cuando se les pregunta a las personas ¿cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia? El referido estudio muestra que 54 por ciento de las personas contestan temas relacionados a la economía, ya sea por el costo de la vida o el desempleo.

Esta información es una gran oportunidad para enfocarse en una agenda de reactivación económica que claramente empiece por desentrampar las licencias de construcción, llevar a cabo el censo de población y vivienda, aumentar la inversión de manera transparente en los departamentos afectados por el Volcán de Fuego y lograr una ejecución total del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, priorizando el mantenimiento de las principales vías de comunicación. Además, debe tenerse una agenda legislativa en materia económica para lograr que se aprueben al menos tres iniciativas: la ley general de infraestructura vial, la ley que regula el trabajo a tiempo parcial según el Convenio 175 de la OIT y la reforma a la Ley de Bancos.

En materia de lucha contra la corrupción, considero que lo más importante es que dentro de la discusión del presupuesto se enfoquen los recursos necesarios para el sistema de justicia criminal, tomando en cuenta el flujograma que muestra en dónde están los cuellos de botella del sistema, otorgándosele un énfasis especial en mejorar las condiciones del sistema penitenciario y garantizando el uso de brazaletes electrónicos que permita reducir el número de personas que están en condiciones infrahumanas en las cárceles, especialmente aquellos que todavía están cumpliendo prisión preventiva. Se necesita también apoyar la agenda legislativa para aprobar las reformas al Código Penal referente al artículo 407 literal N y la ley de aceptación de cargos, que otorgaría una herramienta positiva al sistema de justicia.

En un año estaremos eligiendo nuevas autoridades, bajo reglas muy similares a las que ingresó el presidente Morales. Continúa la debilidad institucional dentro de los partidos políticos y por ello vemos que pocos tienen certeza sobre quiénes serán sus candidatos a la Presidencia. Esto es un aspecto que nos debe alertar positivamente, a todos les es de su interés que la gestión del presidente Morales termine lo mejor posible, porque lo poco que logre hacer, va a mejorar las condiciones del país y ayudará a que al siguiente gobierno tenga mejores probabilidades de éxito. Tomemos esto como una señal de oportunidad, para que lejos de entrampar las agendas de los Ministros, desde diferentes espacios podamos ayudar a que las condiciones del país mejoren y se retome un rumbo correcto y positivo para Guatemala, por el bien de toda la población.

 

Para todos los que por cuestiones de trabajo tenemos que viajar a los departamentos de la provincia del país, no es nada sorprendente ver las pésimas condiciones de nuestra infraestructura vial. Durante los últimos cinco años no se ha logrado construir ningún kilómetro adicional de carretera y nuestra red vial desde 1985 al año 2013 creció en promedio 200 kilómetros por año. Debido a ese nivel de ineficiencia, nuestro país hoy tiene 1 metro de red vial pavimentada y de terracería por habitante, cuando países como Costa Rica tienen 8.7, Nicaragua 3.9 y El Salvador 2.3. Si esto lo comparamos con países más desarrollados, Estados Unidos tiene 20.5 metros de infraestructura vial por habitante, Brasil 7.9 y México 4.1.

Incluso si comparamos la red vial que tenemos por los metros de carretera por superficie de cada país, encontramos que Guatemala está en la cola de Centroamérica. Costa Rica tiene 830.3 metros de red vial por kilómetro de superficie, El Salvador 719.5, Nicaragua 185.14 y Guatemala 151.14. Y si hablamos de la calidad de la infraestructura, pues basta ver las redes sociales en las que las fotografías demuestran que el mecanismo bajo el cual se invierte infraestructura vial ha colapsado.

Los vaivenes políticos hacen que se cambie ministros y con ellos viceministros, asesores y equipos técnicos de los diferentes departamentos y dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, lo cual imposibilita la planificación a largo plazo de la infraestructura vial.

Desde el año 2000 la velocidad promedio a la cual nos desplazamos por el territorio nacional en carreteras cayó de 58 kilómetros por hora a 28 actualmente, lo que ha tenido un impacto directo en la inflación en varios departamentos, ya que los transportistas deben utilizar más tiempo y costos para mover la carga de los productos. Debido a ello, el Fondo Monetario Internacional estima que un aumento del 1 por ciento del PIB en infraestructura vial podría reducir la pobreza extrema de 23 a 18 por ciento.

Con el objetivo de cambiar el modelo de inversión y generar una Superintendencia de Infraestructura Vial, que le devuelva la capacidad técnica al Estado de planificar, licitar, contratar, supervisar, remunerar y regular la infraestructura vial, el pleno de diputados del Congreso de la República conoció el 17 de abril la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, que fue presentada por 15 diputados.

La semana pasada se llevaron a cabo algunas de las audiencias públicas que las Comisiones de Economía y Comercio Exterior, así como la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras públicas realizaron, para recibir comentarios a la iniciativa y poder dictaminar en las próximas semanas.

Dentro de los temas que seguro serán objeto de discusión están la gobernanza de la institución, la naturaleza jurídica de los contratos, el mecanismo jurídico para permitir la expropiación para garantizar el derecho de vía cuando el Estado declare de utilidad pública un tramo de alguna carretera y la forma de financiar las carreteras, en el cual se considera que técnicamente una parte del impuesto a la distribución del petróleo podría ser una opción.

Sin duda alguna, el ejercicio que se está llevando a cabo por parte de ambas comisiones de trabajo ha sido positivo para la discusión de la ley y esperamos que, por el bien de todos, la iniciativa pronto sea aprobada y que tengamos una institución que se dedique exclusivamente a invertir en infraestructura vial, ya que este invierno seguramente destruirá las pocas carreteras que tenemos.

@jczapata_s

 

 


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