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Soñamos con una Guatemala desarrollada, con oportunidades iguales para todos y que tales oportunidades alcancen todos los rincones de nuestro país. Soñamos con un país con empleo, justicia pronta y cumplida, calidad educativa, infraestructura, seguridad y la lista sigue. Una Guatemala más próspera parece una utopía, pero sí es posible. Justamente esa es la aspiración a la que apunta la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 (Pncom), presentada a inicios de esta semana.

 

La Pncom tiene como finalidad principal reactivar la economía del país, bajo el lema “Más empleo y más productividad”. No se trata únicamente de crear más oportunidades de empleo, sino que dichas oportunidades cada vez sean de mayor valor agregado a través de la productividad. Para ello, la Pncom trabajará bajo la estrategia “11-11-9”. El primer lineamiento identifica los 11 clústeres con el mayor potencial para generar nuevos empleos en los próximos 15 años y define las acciones necesarias para que esto sea una realidad. El segundo reconoce que, a pesar de que hay una infinidad de temas que afectan la productividad, se deben priorizar acciones. Estas son 11, cinco a nivel de gobierno central (corrupción, certeza jurídica, costo de la inseguridad, desnutrición crónica y calidad educativa) y seis a nivel sectorial (rendimiento en el Doing Business, infraestructura, aprovechamiento del potencial energético, apoyo al emprendimiento y atracción de inversión extranjera directa). Y, finalmente, se identifican nueve territorios de nuestro país como posibles motores de desarrollo. Estos, aunque tienen una gran concentración de población, carecen de las condiciones básicas para consolidarse como una ciudad intermedia, es decir, una ciudad de escala global con territorios ordenados, resilientes, incluyentes y competitivos.

Esta política no nació de la noche a la mañana. Es el resultado de un esfuerzo en el que muchísimas personas de distintos sectores –productivo, público, académico y sociedad civil– y varias instituciones –públicas y privadas– trabajaron bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom). Entre ellas están actores como Fundesa, Cien, Asies y otros aliados dentro del sector público. Desde hace años, todos ellos han trabajado para tender puentes de entendimiento, compartir insumos y lograr consensos a favor de nuestro país. De esta manera, con la Pncom, se han consolidado una serie de esfuerzos para establecer las directrices en materia de competitividad a nivel nacional y regional durante los próximos 15 años.

El “monopolio” de las buenas ideas, la improvisación y la volatilidad de políticas públicas son los grandes enemigos para alcanzar nuestras metas de largo plazo. En otras palabras, la continuidad es esencial. Hoy contamos con una agenda consensuada que puede guiar al gobierno actual y a los tres siguientes. Recordemos que, año con año, son más de cien mil jóvenes los que ingresan a la fuerza laboral y para quienes la economía no crece a un ritmo suficiente para brindarles un empleo. Esta es una tarea gigante. Por tanto, la única forma de sacar a nuestro país adelante es generando empleo, pero esta es una tarea que el sector privado no puede realizar por sí solo. El gobierno puede ser de facilitador u obstructor. Por ello necesitamos crear las condiciones para que esto suceda y esto pasa por trabajar en el sinfín de pendientes que tenemos como nación a largo plazo.

En estos días donde hay tantas noticias sobre las estructuras criminales incrustadas en las instituciones de nuestro país, la noticia de la Pncom viene a iluminar nuestro camino. En lo personal, me satisface mucho saber que este no es un esfuerzo disperso y superficial. Todo lo contrario, es un esfuerzo de consenso entre sectores, es una propuesta respaldada por insumos técnicos y, más importante aún, es una política que sienta las bases de trabajo para los próximos años.

Es muy fácil tener una plan en papel con brillantes soluciones para atender los retos de nuestro país. Ciertamente la consolidación de la Pncom es un gran logro y no ha sido fácil, pero el verdadero reto está en ejecutar, dar seguimiento y rendir cuentas. Por ello es crucial que la ciudadanía acompañe las distintas facetas de la ejecución de esta política. Debemos darle seguimiento constante y exigirle a esta y a futuras administraciones que entreguen los resultados según esta hoja de ruta. Debemos hacer de este esfuerzo una verdadera política de Estado, que no se quede en palabras, sino que se vea. Que se vea en aquel campesino que logrará posicionar sus productos en más mercados, en sus hijos que recibirán una mejor educación, en todos los vecinos de su comunidad quienes contarán con una mejor atención médica. Que se refleje en millones de guatemaltecos con una mejor calidad de vida.

www.salvadorpaiz.com

   
Exijamos un nuevo pacto educativo, que conlleve mejores resultados en el aprendizaje.
 En medio de la crisis política, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) insiste en solicitar un nuevo aumento al salario de los maestros y prebendas en bonos, sin ningún resultado visible en la calidad educativa.

Se les olvida a los líderes del STEG que durante el Encuentro Nacional de Empresarios celebrado en 2013, se firmó un Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, por parte de secretarios generales de partidos políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, cooperativistas y empresarios, para vincular los aumentos salariales y bonificaciones a procesos de mejora en los resultados de las evaluaciones que se realizan a los alumnos.  El referido acuerdo, ha ayudado a generar mayor enfoque en las pruebas estandarizadas y hoy vemos que los medios de comunicación han logrado no solo difundir los resultados, sino le permite a los padres de familia darle un mayor seguimiento a la calidad de la educación de sus hijos y herramientas para verificar que se cumpla con los 180 días de clases.

En estos momentos en que existe una férrea lucha contra la corrupción, no permitamos que se sigan realizando las mismas prácticas y “trampas” por parte de algunos líderes sindicales para paralizar al país y obtener sus beneficios.  La falta de recursos para lograr cumplir con las demandas del pacto colectivo, ya están llevando a los sindicalistas a negociar con el Congreso, que deberá soportar la presión y exigirle plenamente al grupo de maestros que controlan el sindicato, que empiecen a ponerle un componente de meritocracia a sus demandas.  Los aumentos que se realicen, deberán contar con criterios de evaluación con base en el cumplimiento de los 180 días de clases y mejoras en las evaluaciones estandarizadas de matemática y lectura, que hoy están por los suelos, únicamente 9.6 por ciento de los graduandos aprueban las evaluaciones estandarizadas de matemática y 32 por ciento las de lectura.

Recordemos que la cobertura educativa cae de 78 por ciento en el nivel de educación primaria, a 44 por ciento en el nivel básico, precisamente porque el Gobierno no tiene recursos para ampliar a más centros educativos en varios municipios.

Hoy que estamos como país lanzando la Política Nacional de Competitividad, es un excelente día para recordar que un país sin educación de calidad, donde el promedio de escolaridad es de 6.3 años, no puede aspirar a que su población tenga mayor competitividad y que aumenten los ingresos reales, si la mayor parte de su gente no tiene las herramientas mínimas para tener una mayor productividad laboral.  Exijamos un nuevo pacto educativo, que conlleve mejores resultados en el aprendizaje de los jóvenes.

@jczapata_s 


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