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   En el eterno debate de las redes sociales, surgió la gran pregunta ¿cómo redirigir los recursos públicos a los departamentos más pobres? Para intentar ser más claro usaré el ejemplo de Alta Verapaz (el departamento con mayor pobreza en el país). Existe un tema claro, la desigualdad de oportunidades entre alguien que nace en el municipio más pobre de Alta Verapaz, Santa María Cahabón (93.8 por ciento de pobreza) y una persona que nace en Ciudad de Guatemala (6.3 por ciento de pobreza). 

Según los datos publicados por Fundesa, la productividad por persona en Santa María Cahabón es de US$1,940.78 al año, comparado con alguien de Guatemala, en donde la productividad es de US$10 mil 154.89. Está claro que será una tarea casi imposible querer llevar recursos generados por impuestos a Santa María Cahabón, especialmente para elevar su productividad. Esto, no nos quita la obligación de invertir lo mínimo en: salud primaria, educación, electricidad e infraestructura, para que migren a la ciudad intermedia de Cobán.

Cuando vemos la agenda de desarrollo urbano que presentó el Estado y el concepto de ciudades intermedias que se ha desarrollado a través de las investigaciones del Ministerio de Economía, Banco de Guatemala, Segeplan, Pronacom, Infom, Anam, Fundesa, CABI y otras, concuerdan que es necesario que aumente la inversión del Estado en la ciudad intermedia del nodo regional de Cobán, (que incluye los municipios de: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Tactic, Santa Cruz Verapaz y San Cristóbal Verapaz). Este nodo, reúne a 712 mil 697 habitantes, con una productividad promedio de US$2 mil 748.53.

El gran desafío entonces es ¿cómo dejar de estar invirtiendo recursos públicos en otros nodos como el de Guatemala, que bien podrían tener más inversiones privadas a través de figuras como las APP y redirigir los recursos públicos para aumentar la productividad del nodo regional de Cobán?.  Cuando hablamos de que la población del nodo regional de Cobán se estima que al año 2032 será cerca de 1.5 millones, todos debemos estar pensando en un mejor modelo de redistribución de los recursos públicos hacia los nodos más pobres, que van a tener mucha población y que esa inversión sea más focalizada hacia elevar la productividad.

 El reto entonces es que todos nos sumemos a exigir un cambio de mentalidad en las autoridades de Gobierno para que prioricen las necesidades humanas de desarrollo, con un enfoque de reducir la pobreza, a través de un rol subsidiario de invertir más recursos en las ciudades intermedias con poca productividad, en vez de seguir regresando los recursos del Estado a donde vivimos los capitalinos.  @jczapata_s

           

Han pasado dos años desde que un grupo amplio de guatemaltecos alzó la voz en contra de la corrupción; pero no es suficiente si queremos desarrollo.

 

Una visión vetusta de la función pública centra su atención solamente en cuánto se gasta y en que hay que gastar más.  Son pocos quienes consideran la palabra inversión en lugar de la palabra gasto, pero, aun así, el énfasis es en trasladar recursos para atender las demandas ciudadanas.

 

La expresión pública en contra de la corrupción que se hizo evidente en la gestión de algunos funcionarios fue un llamado hacia constatar que la gestión pública sea transparente.  Ahora bien, más allá de la transparencia, una gestión pública moderna debe considerar dos componentes más que hacen parte de la fórmula que garantiza que el actuar del Gobierno se traduzca en la generación de Valor Público, uno de los conceptos más importante en la concepción de la Gestión Pública para Resultados de Desarrollo (GpRD).  Estos componentes son la Pertinencia y la Eficiencia.

 

En cuanto a la Pertinencia, el punto clave es hacer lo que hay que hacer.  En un mundo de innumerables necesidades, la función pública debe ser capaz de priorizar las demandas ciudadanas y ordenarlas según cada una permita desencadenar beneficios conexos. ¿El Estado debe hacer de todo? Probablemente no; sin embargo, debe estar muy claro lo que efectivamente constituye una responsabilidad del Estado delegada a funcionarios específicos a cargo de la gestión pública.

 

La Eficiencia es un concepto mucho más común de escuchar y leer en análisis sobre la gestión pública nacional.  Hacer referencia a que no sólo importa hacer bien las cosas, sino asegurar que es la mejor opción dentro de las opciones posibles.  Reconociendo que las necesidades siempre excederán la capacidad de captar recursos para satisfacerlas, la gestión pública debe considerar los caminos viables para hacer lo mismo con menos recursos, hacer más con los mismos recursos, o incluso, hacer más con menos recursos.

 

Por último, la transparencia hace alarde de mostrar lo que se hace, pero mucho más importante, corroborar que se hizo lo que los funcionarios públicos se comprometieron a hacer. No sólo implica mostrar lo que se hace, sino certificar que normas, procesos, decisiones, y adjudicaciones se hagan de conocimiento público y en estricto cumplimiento de la ley.

 

La GpRD alude a que el objetivo de la gestión pública es agregar valor a la población, lo cual se traduce en resultados en materia de desarrollo. Conceptualmente, es sumamente enriquecedor vislumbrar la función pública como la suma de la Pertinencia, la Eficiencia y la Transparencia.  Pero además del concepto, esfuerzos recientes han procurado medir cada uno de estos componentes como factores esenciales en la generación de valor público.

 

Según datos 2015, Guatemala cuenta con una evaluación de 25.64 sobre 100 en cuanto a la generación de Valor Público, como resultado de tres mediciones: 19.88 en Pertinencia, 28.90 en Eficiencia, y 28.14 en Transparencia. Para 24 países en el continente, Guatemala ocupa la posición ocho, habiendo países con evaluaciones superiores como es el caso de México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Uruguay, por mencionar algunos.

 

Estos datos, pendientes de actualizarse, invitan a reflexionar sobre el esfuerzo que se ha realizado.  Es indiscutible que hay una línea clara de acciones encaminadas a mejorar la transparencia, más allá de sólo combatir la corrupción; no obstante, no salen a la luz esfuerzos que estén orientados a mejorar las otras dos áreas que son de vital importancia para lograr una gestión pública moderna.

 

Jorge Benavides

Director Ejecutivo – Consejo Privado de Competitividad

Twitter: @JBENAVIDES9

 

 Los principios liberales fomentan la capacidad creadora del individuo y mientras la libertad de las personas no afecte la libertad de otros con sus acciones, tienen todo el derecho de exigir que el Estado garantice su vida y propiedad privada. 

Supongo que usted querido lector, concuerda sobre la necesidad de que el Estado proteja la vida y es por ello que es inaceptable que en pleno siglo 21 en donde existe la capacidad de acceder a tecnología de primer mundo, todavía tengamos áreas en donde las instituciones de seguridad y justicia no tienen la capacidad de responder ante las necesidades de la población.  Para solucionar el desafío, las instituciones de seguridad y justicia deben trabajar de forma coordinada en búsqueda de la eficiencia de todo el sistema de seguridad y justicia, cuya cifra actual es de apenas 12.6 por ciento.

 

Es necesario que como sociedad sepamos que haber reducido la tasa de homicidios en el país, llegando casi a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, es un logro importante.  Sin embargo, todavía existen departamentos como Zacapa, Escuintla y El Progreso, en donde la tasa supera los 60 homicidios por cada 100 mil habitantes y hacia allí, deben enfocarse los esfuerzos de las instituciones públicas.

Ahora bien, en nuestro país pareciera que hemos olvidado la importancia de la propiedad privada como un pilar fundamental para proteger algo que es inherente a la persona, un derecho humano consagrado en nuestra propia Constitución Política de la República, que claramente define en su Artículo 39 que “toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.  El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”.

 

Es por ello que no podemos tolerar como sociedad las invasiones, usurpaciones o cualquier otra forma de irrespeto a la propiedad privada, porque estamos yendo en contra de los propios principios que nos permitirían como país, acceder a mejores condiciones de vida.

 

Adicionalmente, un país donde más del 70 por ciento de la tierra en posesión, no tiene títulos de propiedad privada, está condenada a tener personas que quieran lucrar del conflicto y es por eso que debemos todos apoyar no solo el avance del registro de información catastral, si no buscar mecanismos legales para que las personas accedan a una titulación supletoria de manera más ágil y eficiente.  En la medida en que se proteja la vida y más guatemaltecos puedan ser propietarios, todos prosperamos.

 

@jczapata_s


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