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Muchos hablan de cómo la pobreza incide en las tasas de violencia, pero pocos destacan el efecto que la violencia tiene en la pobreza de un país.

 

En muchas ocasiones, aventuradamente se llega a la conclusión que la pobreza es un detonante de la violencia, lo cual implicaría que, siendo Guatemala un país con niveles de pobreza cercanos al 60% de la población, la violencia no debiera ser sorpresa.  Sin embargo, no es directa la relación entre carencias económicas y la propensión a delinquir.

 

Una persona en condiciones de pobreza no se denomina automáticamente como un agente violento en la sociedad, es decir, la pobreza “per se” no es un detonante de la violencia.  Ahora bien, los datos disponibles permiten identificar cómo altos niveles de violencia inciden negativamente en la generación de empleo, la atracción de inversión y la generación de ingresos, lo cual se traduce en mayor pobreza.

 

Es notoria la reducción que se ha dado en la tasa de homicidios en Guatemala, con una tendencia a la baja desde 2009, contando hoy no sólo con menos homicidios por cada cien mil habitantes, sino con un menor número de homicidios diarios. No obstante, escasean los análisis que hagan referencia al cabalgante incremento que ha tenido el costo de contener dicha violencia en el país.

 

Desde el año 2013, el Instituto para la Economía y la Paz calcula anualmente el costo de contener la violencia para un conglomerado de 163 países, publicándose la información en el informe elaborado para el Índice Global de Paz.  Esta cifra integra los costos relacionados con 16 variables afectadas por la violencia y el conflicto, asociando costos directos e indirectos y agrupándolos en tres categorías: Servicios de Seguridad y Costos orientados a la Prevención (gasto público y privado en seguridad), Costos relacionados con el conflicto armado (conflicto y comercio de armas y municiones), y Costos asociados a la violencia interpersonal (homicidios, violencia sexual y robo, entre otros).

 

Para Guatemala, las cifras muestran cómo pasamos de un 7.9% del PIB en 2012 (ranking 32), a 8.7% del PIB en 2013 (ranking 28), a 10.1% del PIB en 2014 (ranking 34), a 15.0% del PIB en 2015 (ranking 25), a 15.4% del PIB en 2016 (ranking 28).  Recurrentemente, Guatemala se ubica dentro del grupo de los 30 países con mayores costos en contener la violencia (el costo también se publica en millones de dólares y dólares per cápita, pero las cifras no son comparables en el tiempo).

 

Dentro de los hallazgos destacables, incluidos en la publicación más reciente que se hizo en el mes de junio, resalta que en Guatemala el gasto en seguridad privada es mayor a la suma de los costos en policía, ejército, sistema penitenciario y sistema judicial juntos. Asimismo, aunque disminuya la tasa de homicidios, se ha incrementado la tasa de violencia no homicida, lo que ha provocado mayores gastos a nivel personal (seguros y reposición de artículos, por ejemplo).  Finalmente, destaca el hecho de que las pérdidas por conflictividad superan los 400 millones de dólares al año y que el costo asociado a la reducción en la productividad ronda el 2% del PIB.

 

Como conclusión, el estudio hace referencia a que hasta el 50% de los recursos destinados a contener la violencia podrían utilizarse en destinos más productivos, lo cual incidiría positivamente en la agenda de desarrollo, pudiendo financiar programas de educación, salud o infraestructura. Es lamentable que los guatemaltecos tengan que destinar cada vez más recursos a hacer frente a la violencia, lo cual definitivamente se traduce en agravar las condiciones de pobreza en las que todos vivimos.

 


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