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“Estamos juntos en esto”. Con esas palabras el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio inicio al Foro sobre Prosperidad y Seguridad para Centroamérica, llevado a cabo la semana pasada en Miami. Tal y cómo Pence expresó, la prosperidad y seguridad de Centroamérica es de gran interés para Estados Unidos, ya que los destinos de nuestras naciones están entrelazados. Existe el importante precedente de Colombia, donde los sectores públicos y privados, con el apoyo de Estados Unidos, convergieron en el plan que transformó a dicha nación.

Para el Vicepresidente Pence, una economía próspera motiva a sus habitantes a echar raíces en lugar de obligarlos a huir hacia el Norte. Para seguir avanzando en la ruta de generación de empleo, nuestros países deben derribar los obstáculos que impiden el crecimiento, reformar sistemas tributarios y regulatorios, y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Pero, ¿cuáles son esos obstáculos al crecimiento incluyente y cómo se derriban? Una de las principales limitantes a nuestro crecimiento es la enorme ausencia de infraestructura estratégica. Esa es la base sobre la cual sociedades prósperas han sido construidas, pero hoy Guatemala es un país con una infraestructura deficiente, frenando así el progreso de toda la nación. De hecho, durante los últimos 15 años, Guatemala ha sido el país de la región que menos ha invertido en infraestructura, destinando a ello únicamente 14 por ciento del PIB, sumando tanto lo público como lo privado, cuando en realidad deberíamos de invertir, por lo menos, 25 por ciento.

Tuve la oportunidad de aportar sobre este tema como panelista en la Mesa de Infraestructura. La discusión fue moderada por Julie Katzman, Vicepresidenta Ejecutiva y Jefa de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Muy temprano durante la discusión, se hizo evidente que todos estábamos en la misma página, ya que todos buscamos el desarrollo de la región y estamos conscientes que no hay nada que tenga el mismo potencial para generar empleo, para brindar acceso a educación y salud para las poblaciones más alejadas, para reducir la migración ilegal, y demás. Julie entonces planteó una reflexión fundamental en ese sentido: si todos estamos de acuerdo del potencial dinamizador y de inclusión que tendría la infraestructura, ¿por qué no la hemos construido?

Mi respuesta a la interrogante se decantaba en cinco aspectos: (i) el predominio de la corrupción, (ii) procesos de compra complejos y burocráticos, (iii) la poca capacidad de ejecución del gobierno, (iv) la falta de certeza jurídica, incluyendo mecanismos que regulen la aplicación del Convenio 169 y la expropiación, y (v) los recursos disponibles. Como país, debemos aspirar a un esquema de gobernanza que asegure la transparencia y la calidad de este tipo de inversión, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos y auditando los proyectos que se lleven a cabo. Tenemos que entender que, sin inversión en infraestructura estratégica, difícilmente saldremos adelante. Y es por eso que urgen acciones para contrarrestar esta gran deficiencia que viene desde hace muchos años.

Aunque los acuerdos estén sujetos a procesos más amplios de socialización, por algún lugar debemos arrancar. En ese sentido, el foro tuvo resultados muy positivos para que los países del Triángulo Norte podamos avanzar decididamente. En el caso de Guatemala, se llegaron a acuerdos específicos en cuanto al desarrollo de infraestructura estratégica, entre ellos: (i) la creación de un fondo de infraestructura con el apoyo del sector productivo, (ii) el diseño, estructuración y lanzamiento de una entidad a cargo de la priorización, gestión ejecución y seguimiento de los principales proyectos de infraestructura y (iii) el desarrollo de tres o cuatro proyectos críticos, como plan de choque en el corto plazo. Pero, sobre todo, me parece sumamente valioso el nivel de apertura, colaboración y disposición que las autoridades están asumiendo. En ese sentido, se identificaron áreas de apoyo desde la comunidad internacional. Sin duda alguna, solamente colaborando podremos sacar adelante este ambicioso plan.

La ruta está clara, pero ahora es momento de poner manos a la obra. ¿Cómo logramos asegurar que la inversión en infraestructura se lleve a cabo de manera incluyente? ¿cómo conectamos todos los rincones de nuestro país? ¿cómo logramos que todas las voces de la provincia sean escuchadas? ¿cómo pasamos de los planes a la acción? Recordemos que hay mucho en juego y, al final, es la población más desatendida, más pobre y más lejana a quienes más afecta la enorme brecha en infraestructura. Todos jugamos un papel crucial en la construcción de un mejor futuro, no solo de nuestro país, sino de la región entera. ¿Quién se podría oponer a este planteamiento y por qué razones? Es tiempo de recordar la sabiduría de nuestros antepasados y hacerla nuestra una vez más, como bien dice el Popol Vuh: “que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo, ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás”.

www.salvadorpaiz.com

@salva_paiz

  

A nivel internacional no existe una definición clara sobre qué es Estado de Derecho por lo que la institución Proyecto para la Justicia Global (WJP por sus siglas en inglés) trabaja sobre ciertos principios universales: a. El gobierno y sus oficiales así como individuos privados, son responsables ante la ley, b. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, se aplican a todos por igual y protegen los derechos inalienables como la seguridad de las personas y la propiedad privada, c. El proceso mediante el cual las leyes son redactadas, administradas y aplicadas es accesible, imparcial y eficiente, d. La justicia es impartida por representantes competentes, éticos, neutros e independientes, que son suficientes tanto en número, cuentan con los recursos necesarios y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven.

Al leer detenidamente esos cuatro principios nos podemos dar cuenta que en el país todavía estamos muy lejos de tener el Estado de Derecho al que todos los guatemaltecos aspiramos. Incluso yendo más allá en la evaluación y profundizando en el informe vemos que existen ocho factores que se toman en cuenta: 1. Límites a los poderes del Gobierno,

Ausencia de Corrupción, 3. Gobierno Abierto, 4. Derechos fundamentales, 5. Orden y Seguridad, 6. Aplicación regulatoria, 7. Justicia Civil, 8. Justicia Criminal.

Los factores en los que el país está más bajo en relación con el resto, se relacionan con la falta de orden y seguridad, vaga aplicación regulatoria, limitada justicia civil, y una justicia criminal deficiente. Solo tomando en cuenta que tenemos 26 homicidios por cada 100 mil habitantes (que aunque ha mejorado todavía es una tasa muy alta para estándares internacionales), aplicación selectiva de regulaciones cuando se trata de inversiones intensivas en capital, tiempo que tarda un juicio en resolver una disputa comercial (1,402 días), y un sistema de justicia criminal con un 12.6 por ciento de eficiencia, sabemos que nos falta mucho por recorrer.

Es por ello que la prioridad del fortalecimiento del Estado de Derecho pasa por mejorar la eficiencia del sistema de justicia criminal. Es un esfuerzo que involucra a todas las instituciones rectoras: Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Si no se toma en cuenta que el fortalecimiento debe ser integral, se limita la capacidad de actuar de manera sistémica. Por lo tanto, a la hora de definir los presupuestos, el aumento en los recursos destinados debe contar con una definición clara de las metas a lograr para mejorar la eficiencia del sistema. Fuente: https://worldjusticeproject.org/ @jczapata_s

  Nunca en un plazo tan corto, Guatemala había estado en los ojos de tantos líderes a nivel global. En menos de dos semanas el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado de altos funcionarios del Gobierno, han puesto a nuestro país en el ojo de inversionistas para promover la atracción de inversión y las oportunidades que nos permitan fortalecer nuestra capacidad productiva. 

Y no solo ha sido el Gobierno, el propio sector empresarial organizado está acompañando este proceso, para poder dar a conocer a Guatemala como un destino importante para la inversión y que a través de un esfuerzo conjunto de promoción de país, se retomen los ejes más importantes de la política económica nacional.

 

La participación del Presidente de la República en el IX Foro Económico de América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), celebrado en París la semana pasada, junto a delegados del sector empresarial, tuvo un mensaje importante: Guatemala está trabajando de manera importante a favor de la transparencia, el gobierno abierto y ha ratificado plenamente, mediante la aprobación del Decreto 9-2017, la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Un esfuerzo de Estado, que permitirá que Guatemala pronto salga de la lista de Estados no cooperantes en materia fiscal. Un paso por demás vital, para atraer más inversión a Guatemala de países cuyas economías buscan territorios donde la transparencia fiscal sea promovida.

 

A este esfuerzo internacional, se suma la participación del Presidente de Guatemala y los demás países del Triángulo Norte en la conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se llevará a cabo en la Ciudad de Miami esta semana, en donde también participarán el Presidente y Vicepresidente de Fundesa, para dar a conocer los principales retos hacia la inversión en infraestructura y lograr posicionar a Guatemala como un país en donde existen oportunidades para la inversión en infraestructura para promover servicios domiciliares, desarrollo urbano, fomento productivo, mitigar riesgos, movilidad y conectividad global.

 

Con todos estos avances a nivel internacional para atraer inversión, nos queda el desafío más importante, aprobar en el Congreso de la República una legislación que permita al Estado de Guatemala establecer de manera clara y transparente, los procedimientos que las instituciones gubernamentales necesitan realizar en comunidades indígenas, para implementar procesos de consulta previa, según el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Necesitamos más inversión para reducir la pobreza, trabajemos juntos todos para lograrlo.  @jczapata_s

 

 


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