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Hace tres años Fundesa comenzó un proyecto pequeño en el Municipio de San Pedro Carchá, al inicio apoyado por la Hidroeléctrica Renace, para establecer una mesa de competitividad local en el municipio.  Luego de varios foros y talleres, en los que se presentaron las acciones más importantes que la alcaldía, empresarios locales y representantes de la sociedad civil, podían trabajar de la mano para aumentar la productividad, se integró diputados distritales y representantes de Gobierno que tienen presencia en Alta Verapaz para focalizar esfuerzos conjuntos de desarrollo.

A través de la metodología del índice de competitividad local, desarrollada por el Consejo Privado de Competitividad, se estableció una agenda de trabajo que priorizaba cuatro aspectos: el potencial productivo, el empleo y los ingresos familiares, los servicios de salud y las instituciones que promuevan la gobernabilidad.

El esfuerzo generado para integrar a diferentes actores de la sociedad ha dado frutos positivos, hoy se tiene el Consejo de Competitividad de Alta Verapaz, que ha sido capaz de establecer un diálogo importante con las autoridades, para incrementar la formación técnica en el departamento y lograr establecer un Intecap. Un acercamiento con las autoridades del IGSS, para que se logre abrir un hospital en Cobán y con instituciones como Aeronáutica Civil y el Inguat, para mejorar la pista aérea y poder tener más turismo hacia el departamento.

Lo que comenzó como un apoyo solo para el municipio de San Pedro Carchá por parte de Hidroeléctrica Renace, ahora se ha convertido en un programa de transformación social, que ha logrado un enfoque en la Agenda de desarrollo urbano para el departamento. A través del programa, se ha apoyado la conformación de la Mancomunidad de Alta Verapaz (MancoVerapaz) que ha integrado a cuatro municipios: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz. 

El trabajo conjunto de los alcaldes en generar proyectos de desarrollo de mayor escala, aunado al acompañamiento del Consejo de Desarrollo Departamental y los diputados distritales de Alta Verapaz, está teniendo un impacto positivo en la atracción de oportunidades hacia el departamento. Nuevas inversiones por más de US$50 millones de dólares ya se están estableciendo en los municipios, aportando a crear más de 1200 nuevos puestos de trabajo y dinamizando la economía hacia sectores de construcción, servicios y un aumento de la industria creativa del departamento.

Estas acciones, acompañadas a la inversión que el organismo Ejecutivo está desarrollando en infraestructura, así como el trabajo conjunto de las municipalidades de invertir en centralidades, la mejora del patrimonio urbano, el transporte y la movilidad, el hábitat, los espacios públicos y la producción, está logrando que se genere un ecosistema positivo para incrementar la industria de servicios y que con ello se incrementen los ingresos y la productividad en Alta Verapaz.

Este esfuerzo, ya no solo cuenta con el apoyo de hidroeléctrica Renace, quien comenzó aportando para este proyecto, sino también se trabaja de la mano con Tabacalera Centroamericana, para aumentar la capacitación técnica y la formación hacia la promoción del emprendimiento, más capacitación hacia promover la industria naranja y la creación de movimientos urbanos que promuevan el arte, la cultura, centros de esparcimiento familiar y nuevos mecanismos de interacción que permitan aumentar el número de espacios multifuncionales de diferentes escalas, para permitir intercambios colectivos.

@jczapata_s

 

Cuando hablo de competitividad, algunos rápido creen que solo estoy refiriéndome al tema económico y otros lo confunden con competencia.  De hecho, en el caso de Guatemala tenemos un Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) que depende de un Ministerio de Economía, como si la temática solo se tratara de comercio y clima de negocios.  En la práctica, al hablar del desarrollo competitivo de un país, estamos profundizando en un análisis de sus instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud, la educación, la capacitación laboral, la educación superior, la eficiencia de los mercados, eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y la innovación.

Por ello, con todas las limitantes que esto genera por ser una temática tan amplia, debemos reconocer que el trabajo que realiza Pronacom es sumamente importante. Debe relacionarse con varios ministerios, secretarías y entidades descentralizadas a la vez, sin tener la capacidad ejecutiva de cambiar los presupuestos o partidas en las que cada organización decida invertir.

La evaluación más utilizada para comparar a los países respecto a los factores, políticas y procedimientos que inciden en la productividad, a través de lo que denominamos competitividad, es realizada por el Foro Económico Mundial (FEM), una organización con sede en Ginebra, Suiza, que se dedica a la investigación y generación de propuestas de solución a los problemas del mundo, que luego entidades similares pueden usar como base en cada país. A través del índice de competitividad global, se puede evaluar a 137 economías, por mencionar un ejemplo.

En el informe 2017-2018 para el caso de América Latina, países como Chile (posición 33), Costa Rica (54), Panamá (50), México (51) y Colombia (66) son los cinco países más competitivos de la región. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que no existe ningún país de Latinoamérica dentro de las 30 economías más competitivas del mundo, algo que debe hacernos reflexionar sobre si estamos haciendo bien las cosas, con todas las oportunidades que tenemos.

En los últimos años, el sudeste asiático y el Medio Oriente están teniendo avances importantes en su capacidad productiva. Personalmente he visto con especial atención a Singapur, Japón, Malasia, Israel y Emiratos Árabes, países que han aumentado rápidamente su competitividad, ayudando con esto a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de su población.

En el caso de Guatemala, pareciera que todavía no existe una comprensión por parte de todos los organismos del Estado de la importancia de promover la competitividad del país. Aunque hay que reconocer el esfuerzo del Congreso de la República por aprobar iniciativas que llevaban años de haberse planteado y que van a mejorar nuestra evaluación. Nuestro país está en la posición 84 entre los 137 países analizados por el FEM, por lo que todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo para implementar de manera transversal la Política Nacional de Competitividad en todas las instituciones.

Si no somos conscientes de que la única manera de competir en un mundo globalizado y generar mayor inversión es aumentando la competitividad, nos vamos a tardar más en reducir la pobreza. Tenemos que enfocarnos en que lleguen las mejores personas a las instituciones públicas, que implementen políticas públicas coherentes, mediante procesos transparentes y en donde la opinión pública y la ciudadanía demande los cambios necesarios para seguir avanzando.

 

Visualicemos el escenario de una escuela rural de Guatemala. Una escuela con muchas necesidades, sin servicio sanitario, sin piso, sin pupitres y sin pizarrón. Una escuela de difícil acceso que, por presiones del sindicato, durante varios días en el año cierra sus puertas. ¿Cómo es posible que esto siga siendo la realidad para tantas escuelas de nuestro país? Esto es prueba que somos un país con muchas dificultades en materia educativa, desde la falta de infraestructura adecuada, la falta de calidad educativa y la ausencia de meritocracia a nivel docente.

 

Este 2018 inició con la controversia de la firma de un pacto colectivo, tras fuertes presiones por parte del sindicato de maestros (STEG). La firma de dicho pacto preocupa mucho, ¿por qué? Porque no se enfoca en la mejora de la calidad educativa, no incluye incentivos alineados con mejoras del aprendizaje real de los niños ni incorpora la meritocracia. Por esa razón distintas entidades, como Empresarios por la Educación, Fundesa, entre otras, han propuesto un nuevo pacto educativo. Tal propuesta contempla elementos como: (i) la incorporación de la meritocracia en las políticas docentes, enmarcadas en una organización sistémica orientada a resultados, (ii) el fomento del diálogo público para analizar los elementos del pacto educativo que entrará en vigencia en 2019 y así evaluar su viabilidad y (iii) otorgar bonos salariales a aquellos maestros que cumplan ciertas condiciones.

Perpetuamos un sistema que atiende las necesidades del siglo pasado. Nuestros niños y jóvenes siguen sin adquirir las competencias mínimas para enfrentar el mundo. Esto tiene que cambiar. Sin embargo la manera “extorsiva” en que se negocian estos pactos colectivos y los “beneficios” que contemplan, nos roban las valiosas y contadas oportunidades que tenemos para hacerle a nuestro sistema las modificaciones que necesita tan urgentemente.

Cabe resaltar el evidente compromiso y voluntad por parte del Mineduc y otras autoridades para mejorar la situación de nuestro sistema educativo, con el impulso de ciertas iniciativas. Una de ellas es la aprobación del Acuerdo Gubernativo 247-2017 en noviembre del año pasado. Tal acuerdo le da sustento jurídico a la formación inicial docente a nivel superior, por lo que ahora es obligación que los aspirantes a docentes de primaria cursen una carrera a nivel universitario. Sin duda esto tendrá un impacto en la formación docente y, por consiguiente, en la calidad educativa. Otro esfuerzo impulsado el año pasado fue la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar, la cual permitió el aumento de recursos a la refacción de las escuelas públicas, de Q1 a Q3. Justo esta semana el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, confirmó la transferencia de fondos para cumplir debidamente este compromiso y garantizar 180 días de refacción este año.

Por otro lado, a finales de febrero, fue presentado el Sistema Nacional de Formación Laboral (Sinafol), “una estructura de gestión y articulación de recursos públicos y privados que busca la vinculación de instituciones que permitan proporcionar a las personas la formación laboral idónea para su inserción en el mercado laboral”. Este es un esfuerzo de Mineduc, Mintrab y el Mineco (a través del Pronacom), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la formación técnica laboral en el sistema educativo nacional y vincular la oferta de recurso humano con la demanda de trabajo por parte de las empresas.

Las anteriores iniciativas son muy bien intencionadas pero todas requieren recursos. En un año en el que no se aprobó un incremento de presupuesto, ¿cómo se pretenden implementar? ¿cómo se pretende que sean exitosas? En ese contexto surge esa concesión al magisterio, desmesurada, arbitraria y sin amarre alguno al desempeño. Una concesión que, a todas luces, succiona los inexistentes recursos. Por ello nos urge un nuevo pacto educativo, que respalde las iniciativas ya implementadas y que vele por un verdadero cambio de fondo. Estos esfuerzos son un paso hacia la dirección correcta, no los pongamos en riesgo. Recordemos que el mejoramiento de nuestro sistema educativo es un camino largo, pero si seguimos tropezando con la misma piedra, difícilmente llegaremos a la meta. Si ustedes están de acuerdo, los invito a sumarse al nuevo pacto y ser parte del cambio que nuestro país necesita. Ingresen  a http://chn.ge/2FiJ6Ju y firmen la petición. ¡Transformemos Guatemala!

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